En una muestra más de la penosa mentalidad burocrática que domina a las autoridades peruanas, el JNE acaba de emitir una Resolución extravagante y ridícula, con la que pretende ejercer control sobre las encuestadoras, exigiendo nada menos que la identidad de los encuestados. El tema del control es una obsesión burocrática que lleva siempre a imponer procedimientos engorrosos, formularios repletos de requerimientos de información generalmente insulsos, sellos y revisiones infinitas, todo lo cual significan trabas absurdas y redundantes en cada paso. Con esa mentalidad burocrática, el Perú ha llegado a ser uno de los países con peor  imagen internacional en la competitividad, porque ha perdido la fluidez y agilidad de casi todos los procesos.

Más allá de eso, es muy discutible que el JNE tenga tanta autoridad como para exigirle a las empresas encuestadoras información que no es parte de la encuesta, que las encuestadoras no recaban y que además, es información secreta. Los ciudadanos tenemos el derecho a la privacidad de nuestros datos. No tenemos porqué permitir que nuestras inclinaciones políticas estén en manos de un organismo burocrático. Hay que recordar que el voto es secreto. Por la misma razón, el dato de la encuesta debe ser secreto y nadie tiene porqué exigirlo.

Si el JNE sospecha de las encuestadoras, lo que puede hacer es simplemente efectuar su propia encuesta, recurriendo a alguna universidad, y verificar los resultados con las otras encuestas. Puede investigar a la encuestadora que presenta datos muy diferentes. En fin, hay varias formas en que el JNE podría mejorar la claridad en torno a las encuestas, sin necesidad de instaurar procesos inquisitoriales, trámites engorrosos y pedidos absurdos, además de ilegales. No necesitamos apelar a una norma de corte chavista para evitar la manipulación de la información.

Pero todo esto finalmente está demás. Tampoco hace falta que nadie controle a las encuestadoras, pues estamos en un país libre. Hay casi medio centenar de encuestadoras, incluyendo a las universidades. Todas ellas se controlan a sí mismas. Todas ellas compiten por la calidad de sus encuestas y se juegan el prestigio y su chamba. Así que el JNE está demás con sus pretensiones ilegales y ridículas. Debemos rechazar esta mentalidad burocrática controlista, que no hace más que aumentar una actividad parásita de control de datos.

Creo que este es un caso en que los defensores de los derechos humanos también deberían pronunciarse ya que afecta la privacidad de los datos de los ciudadanos. A ver si la Defensora del Pueblo dice algo, ya que le encanta opinar sobre todas las cosas. Esta es una ocasión propicia para abrir la boca en defensa de los ciudadanos y del sentido común, y en defensa de una sociedad libre.

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