Hace poco se descubrió en Chiclayo una organización delictiva que cobraba cupos a los taxistas para dejarlos trabajar. La policía les cayó encima y metieron presos a todos los extorsionadores. Hasta allí todo bien. Pero no entiendo porqué no hacen lo mismo con todas las organizaciones que cobran cupos para dejar trabajar a la gente. Por ejemplo, los colegios profesionales. Estos organismos chantajean a los profesionales para dejarlos ejercer su profesión siempre que estén al día en sus cupos. Nadie dice absolutamente nada de estas extorsiones. Curiosamente gozan del apoyo de la ley. ¿Cuál es el derecho? Por lo menos yo, no lo entiendo.

En el Perú ocurren cosas extrañas. Está prohibido obligar a los trabajadores a pertenecer a un sindicato, pero en cambio se les obliga pertenecer a un Colegio profesional. Que alguien me explique la diferencia del derecho. Debe haber algún mito circulando por las mentes. Los colegios profesionales son creados a la fuerza por una ley que solo beneficia a un pequeño grupo de personajes, cuya organización se parece mucho a una mafia. Tal vez algunos pocos colegios gocen de la institucionalidad que los haga representativos del gremio, como el de Médicos y Abogados. Pero el resto de las profesiones tienen colegios que más parecen pequeños organismos mafiosos.

En términos concretos y reales, un colegio profesional no sirve absolutamente para nada. No sirven, como muchos creen, para garantizar la calidad de los profesionales. Eso no es verdad. Los únicos que garantizan la calidad de los profesionales son las facultades de donde egresan. Como la mayoría de los organismos burocráticos, los colegios profesionales solo sirven para sí mismos, es decir, para medrar a costa de sus agremiados. En una suerte de chantaje legalizado. Si los profesionales no pagamos el cupo estamos "fuera de la ley". Es decir, no podemos actuar como profesionales que somos. Qué buena vaina. ¡Y este chantaje es legal!

Solo los periodistas tienen la libertad de afiliación voluntaria a su colegio profesional, y no son amenazados ni denunciados por no estar al día en sus cupos al Colegio. Esto gracias a que ellos tienen los medios de expresión a su disposición y pueden emitir sus juicios y crear debate. Con ello impiden los intentos de los burócratas de sujetarlos a una entidad ociosa. Pero los demás profesionales somos sorprendidos entre gallos y media noche por una ley mafiosa que el gremio no ha pedido ni ha aprobado, y que es le fruto de un cabildeo interesado y fraudulento, y de una mentalidad mediocre y burocratizada.

Los profesionales que no somos periodistas no tenemos medios para defendernos de las arbitrariedades que se cometen con la ley en la mano. No podemos pedir un referendum entre los profesionales para decidir si queremos o no un Colegio. Ni siquiera podemos ignorarlos y dejar de pagar. No podemos hacer nada más que someternos al chantaje. O pagamos o nos cortan la licencia. ¿Porqué tiene que ser así? ¿Qué derecho les asiste a estos mafiosos y zánganos? ¿Qué proporcionan estos colegios para pagarles? Hasta donde me consta, el Colegio es un feudo disputado por dos o tres de mafias que se amenazan y se matan para tomar el control del Colegio cada dos años, y medrar con los ingresos. Más allá de eso no hacen nada, salvo negocios propios en los que nos conceden descuentos por ser colegiados, si estamos al día en los cupos, claro está.

No creo que haya un congresista o aspirante a congresista que se atreva a ventilar este problema y mucho menos a tratar de resolverlo. Todos están enfrascados ofreciendo boberías como un "Banco del Emprendedor" o una "Ley de del trabajo en el hogar". Es decir, esperar que un aspirante al congreso plantee solucionar este problema de miles de profesionales, es como pedirle a las aguas del Amazonas que vaya en sentido contrario. Estos pobres hombres todavía siguen creyendo que la solución para este mundo son más leyes y más entidades. Ojalá algún aspirante a congresista plantee liberar a los profesionales de estas mafias. Por lo menos deberían establecer que la colegiatura sea voluntaria y que no se permita el chantaje sobre el ejercicio profesional. Eso es ilícito.

Los políticos y los peruanos en general ya deberían entender que la institucionalidad no se logra por la fuerza de una ley chantajista. Estamos cansados de las leyes que nos obligan a ejercer un derecho. Los derechos no se deben obligar. Hay que agregar a la Constitución que el Estado no puede hacer leyes que obliguen a los ciudadanos a ejercer un derecho. Empezando por el voto. Hay que empezar a respetar al ciudadano, su libertad y decisión.