Cada día vemos signos más preocupantes de la pérdida de autoridad en el Perú. Las señales crecen y tal parece que hasta se han institucionalizado. Ya no solo se da del lado de la población, que ha perdido todo respeto por las autoridades y las leyes, sino incluso por las propias autoridades que se sienten incapaces de ejercerla, y actúan dando normas pusilánimes que parecen ser rogatorios para que la gente se acoja a la ley.

No otra cosa es este famoso "bono del chatarreo" que en buena cuenta es un premio que se le piensa otorgar a las personas más irresponsables y caraduras, que aun siguen haciendo negocio de transporte con una chatarra rodante. En cualquier país decente, donde las autoridades son autoridades y no tienen miedo de ejercer el poder que la ley les confiere, simplemente se publican los requisitos que una empresa debe cumplir para prestar un servicio de transporte público a la ciudad con calidad y seguridad, y se acabó. Quien desee ingresar al negocio debe cumplir tales requisitos. Así de simple. Empezando por ser una empresa de verdad, exigencia que en el Perú ni siquiera se cumple.

Pero en el Perú parece haberse impuesto la aberrante idea de que la ley no debe perjudicar a nadie y que la autoridad no puede imponer la ley. Es así como la burocracia resulta ser cada día más inepta. Detentan un cargo pero nunca resuelven nada. El Congreso o el Municipio se hacen los locos con los problemas, postergan indefinidamente las leyes cuyo plazo se ha vencido tres veces porque afecta a 400 trabajadores o a dos mil comerciantes o a veinte mil transportistas. Por lo tanto, los diez millones de ciudadanos o los 30 millones de peruanos tenemos que seguir soportando la ignominia de vivir en un país donde cada quien hace lo que le da la gana, como si no hubiese un Minucipio o un Estado.

De hecho, en la práctica cotidiana vemos que no existe ni el Municipio ni el Estado. El transporte público de la ciudad está librada a su suerte, con cualquier clase de vehículo y en cualquier estado, y a cargo de cualquier delincuente. No hay ninguna autoridad que se haga cargo del problema. Nadie hace nada. En lugar de por lo menos retirar las unidades destartaladas y sucias, lo que harán es premiar a los irresponsables que no han tenido el menor interés por renovar su unidad, simplemente porque le permiten seguir circulando. Lo único que falta es que los funcionarios vayan a sus casas a llenarles los papeles, pues lo más seguro es que no tengan ningún interés en hacerse de un crédito. ¿Para qué?

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