Buena parte del mundo civilizado está pasando por una grave crisis económica, producto de vivir a lo grande a base del endeudamiento del Estado. Una deuda espantosa generada por años de bonanza artificial montada por el aparato público en todas sus instancias, desde los ayuntamientos o municipios hasta el gobierno central, pasando por los diversos gobiernos locales o autonomías provinciales que en el afán de extender una supuesta democracia, nacieron como hongos por todos lados, generando diputaciones y burocracia.

El caso de España es casi aterrador. Un país que empezó a instalarse rápidamente en el primer mundo, con todas las comodidades imaginables para sus ciudadanos pero provistas por el aparato público, tales como centros de capacitación gratuitos dirigidos a los jóvenes, centros vacacionales para el pueblo, con piscinas temperadas, obviamente gratuitas; y por supuesto, también cunas, talleres de música y centros culturales a todo dar. Todo gratis.

Lo que por ahora nosotros llamamos inocentemente "programas sociales" en España se llama hoy simplemente despilfarro y farra fiscal. Por supuesto, muchas de estas gollerías sociales han tenido que recortarse o simplemente desaparecer. Y han sido, paradojas del destino, los de izquierda quienes han tenido que recortar todos los subsidios, bajar la edad de jubilación, congelar las pensiones, despedir trabajadores y reducir sueldos, entre muchas otras medidas drásticas que tratan de salvarles el pellejo. España tiene hoy una espantosa deuda pública que asciende a 680 mil millones de euros. Las distintas diputaciones que la ampliada democracia generó, han acumulado una deuda de 6,280 millones de euros, a lo que se deben sumar los 52,000 millones que deben las diversas empresas públicas, además de los 1,480 millones que deben las diferentes televisoras estatales.

El crecimiento del Estado ha sido tan grande que no solo han producido duplicidad de funciones entre muchas instituciones, sino que se les ha entregado demasiado poder a los municipios, muchos de ellos diminutos, lo cual, sumado a la incapacidad material del propio Estado para fiscalizar todas sus dependencias, entidades y empresas públicas, no solo ha permitido un escandaloso despilfarro sino grandes niveles de corrupción, para no hablar de la gran vida que se gastan los funcionarios públicos y hasta los trabajadores del aparato estatal. Un nivel de lujo y comodidades que ni los pliegos de la CGTP podrían incluir en sus más alucinadas peticiones.

La paradoja de todo esto es que por nuestro lado del planeta, recién empezamos con la farra fiscal. Las arcas están llenas y no hay nada más tentador que alimentar una clientela electoral que garantice la permanencia en el poder. Venezuela ha recurrido a esta receta y el resultado es que el país que debiera ser el más rico de Sudamérica, es el que afronta la peor crisis fiscal. En los años del Poder Bolivariano, Venezuela ha incrementado su deuda pública cinco veces, abriendo nuevos frentes a su deuda, no solo por la farra fiscal en ayudas sociales sino por las descomunales compras de armas a Rusia y China, además de las ayudas económicas que brinda a sus aliados como Cuba, Bolivia y Nicaragua. Sus reservas han venido cayendo drásticamente en los últimos años y hoy están casi a la mitad de la que tiene el Perú. Algo bastante difícil de creer. Pero eso es lo que ocurre cuando los gobernantes creen que el Estado es una caja sin fin, y piensan en el presente convencidos de que el Estado benefactor es la solución de todos los problemas.

Algunos quisieron apartar el mal ejemplo bolivariano y trataron de imponernos el modelo Lula, del Brasil. Hoy se han quedado callados ante las evidencias del gigantesco escándalo de corrupción que sacude al Brasil, y que le está moviendo el piso a la presidenta Dilma Rouseff. Un escándalo de corrupción que anda muy vinculado a las ONGs ambientalistas. Se calcula que la corrupción instalada en el Estado brasilero le cuesta al país más de 36 mil millones de dólares al año. Junto a eso, los robos de Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori son pecata minuta, bicoca, sencillo. Pero podríamos llegar a estos niveles de corrupción si incrementamos el tamaño del Estado creando más ministerios y empresas públicas.

Los españoles han aprendido de la manera más difícil que la intervención benefactora del Estado puede ser el pan de hoy, pero también es el hambre de mañana. Nadie puede asegurar que el Estado estará allí para seguir cumpliendo su misión benefactora en unos años. No se puede sustentar el bienestar social en la ayuda del Estado. La mejor manera de ayudar al pueblo es permitiendo que se desarrolle por sí misma, al margen del Estado. Por eso es admirable la firmeza con que el Presidente Piñera ha encarado la crisis social desatada por los estudiantes chilenos que piden, con hartas dosis de fantasía e insensatez, una educación gratuita general. Pese a lo bochornoso de la crisis que ya lleva varios meses, el gobierno de Piñera se ha mantenido firme en sus principios: no puede haber educación gratuita generalizada e indiscriminada a costa del Estado. Eso es lo que hace un presidente que tiene los conceptos claros y no le importa el rédito político sino el futuro del país.

Esperemos que acá sepan copiar los buenos ejemplos y aprender de las malas experiencias ajenas. Sería muy malo si empezamos a construir el paraíso ilusorio del mundo gratuito ofrecido por el Estado. Eso sería como minar el futuro para hundir a las próximas generaciones. Cuidado con eso.

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