La defensa apasionada de los terroristas que un sector de la izquierda ha asumido como misión de vida y razón de ser, se enmascara siempre con  el cuento de la defensa de los derechos humanos. Estos incansables defensores de los DDHH aparecieron repentinamente a partir de la derrota del Partido Comunista del Perú - Sendero Luminoso y del MRTA mediante la captura y encierro definitivo de sus mandos. Jamás dijeron media palabra durante la década en que las hordas senderistas masacraban a los campesinos para someterlos a sus designios, y destruían campamentos mineros y maquinarias de las granjas de producción, y asesinaban a trabajadores y sacerdotes, y los limeños vivían en la zozobra diaria aterrorizados por los coches bomba y los apagones, y los empresarios eran secuestrados y asesinados por el MRTA. Mientras todo eso ocurría en el Perú, los hoy campeones de los DDHH nunca, jamás, abrieron la boca.

Si mal no recuerdo, los defensores de los DDHH hicieron su primera aparición pública para defender a los terroristas masacrados por la Marina en El Frontón. En realidad se fueron formando a consecuencia de la captura creciente de terroristas y la necesidad de articular su defensa legal. Un grupo de senderistas de cuello y corbata, que actuaban como abogados de los terroristas encarcelados, fueron los que iniciaron la formación de estas organizaciones de defensa de los DDHH. La última de ellas es el MOVADEF, que incluso pretendió inscribirse como partido político. No hubo pues mejor estrategia legal para defender a los terroristas que asumiendo el disfraz de la defensa de los DDHH.

Paralelamente se desarrolló la "guerra fría" contra las FFAA, consistente en una sostenida campaña de desprestigio a los militares que actuaron en defensa de la nación. Con esto se logró un efecto psicológico en la sociedad para que conciba a las FFAA como el enemigo público, sacando del foco a los angelitos de la izquierda. Todas las atrocidades cometidas por los efectivos de las FFAA se ventilaron públicamente, se fotografiaron, se buscaron a las víctimas y a los sobrevivientes para entrevistarlos y presentarlos en sociedad, se los convocó y organizó formando asociaciones civiles de víctimas de militares, se escribían y publicaban las historias de cada víctima, una a una, dejando quince días o un mes de distancia entre víctimas, se organizaron foros, blogs y otros medios para ventilar y propagar las violaciones y faltas cometidas por las FFAA.

Como corolario de toda esa estrategia de la izquierda y a las vinculaciones de ciertos caviares con la CIDH, como el ex ministro Diego García-Sayán, inventor del circo de la CVR y hoy promotor principal del Museo de la Memoria, el Perú ha sido enjuiciado por no juzgar nuevamente a los militares que liberaron la residencia del embajador japones del secuestro de cuatro meses en manos de perturbados mentales del MRTA. El pretexto es que hubo lo que algunos delirantes legales llaman "ejecuciones extrajudiciales".

Hay una cierta clase de sujetos cuya mentalidad ha sido enajenada con alguna doctrina. Puede ser una doctrina terrorista como la del marxismo-lenninismo-maoismo-pensamiento Gonzalo, pero puede ser incluso con doctrinas de otro tipo como las jurídicas. El caso es que un enajenado pierde la razón y solo pretende aplicar su credo. Algo de esto ocurre con quienes hablan de "ejecuciones extrajudiciales". Ahora resulta que los terroristas pueden salirse del marco del Estado de Derecho para perturbar la paz, amenazar al Estado y matar ciudadanos, pero al sentirse derrotados pueden volver corriendo al Estado de Derecho solo para invocar sus propios derechos y salvarse. Si esto es aceptable para algunos se debe a que tienen el cerebro atrofiado.

El Estado no puede permitir que los terroristas de izquierda se zurren en el Estado de Derecho, abominen de ella, desprecien al "Estado Burgués", cometan fechorías y homicidios y luego usen nuestras propias leyes para defenderse. Caer en ese juego absurdo sería perder el sentido real del derecho y de la justicia. Nadie puede jugar con la ley, desconocerla cuando no le gusta e invocarla cuando le conviene. El Estado peruano no puede legitimar esas formas. Los terroristas que enfrentaron al Estado Peruano y pusieron en riesgo la vida de ciudadanos en la residencia del embajador japonés fueron eliminados y punto. Los terroristas desconocen la ley y solo practican el lenguaje de la violencia homicida. Carece pues de todo sentido indagar por esquisiteces legales cuando se trata de haber enfrentado a terroristas. Hay que rechazar de plano estas estúpidas pretensiones leguleyescas de enjuiciar a los militares por eliminar terroristas, sea donde sea. De ser así significaría que hemos perdido el sentido del derecho y de la realidad. Un terrorista muerto es un bien para la sociedad. Eso es todo lo que debe primar.

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