Los luctuosos sucesos ocurridos en el Congreso la noche de ayer pasarán a la historia como una de las más tristes performances de la clase política peruana, junto a la noche larga en que aquella cámara de diputados dominada por el aprismo aprobaba a carpetaso limpio la ley de estatización del sistema financiero enviada por Alan García, o la noche en que el congreso fujimorista defenestraba a tres magistrados del TC por oponerse a la "interpretación auténtica" de la Constitución, que un comando de mamarrachos fujimoristas había perpetrado para permitir la rereelección de Alberto Fujimori contra todo sentido común.

Ha sido una pena ver a gente que se presumía respetable, como Alberto Beingolea, tartamuedeando una protesta contra Cecilia Tait, para decirle que a él tampoco le gusta la elección pero que igual vota porque respeta un acuerdo hecho entre partidos, que ya más parecen bandas de delincuentes políticos, pues lo que ha hecho es simplemente repartirse el poder como si fuera un botín. Respetar acuerdos de pandillas por encima de principios democráticos significa haber perdido la brújula de la democracia. Una pena realmente.

Lástima también han dado aquellos que desde afuera aplaudían el sucio acuerdo porque sentían que aseguraban la presencia de sus facciones, tirando al suelo todo atisbo de decencia política y respeto por el país. Quienes estamos en política no por puestos sino por defensa de principios, no podemos más que lamentar esta repartija barata de cargos que pone en peligro la institucionalidad del país.

La democracia liberal se sustenta en la división del poder y en la independencia de las instituciones que comparten el poder político del Estado. Pero sobre todo, por la majestad que emanan. A partir de la repartija de anoche, todo esto ha quedado en el tacho de la basura. No solo se ha eliminado la independencia de los poderes sino que se ha llenado las más importantes instituciones del Estado con personajes del más bajo nivel profesional, ético y moral, como son los casos concretos de los señores Víctor Mayorga y Cayo Galindo, a los que cabe añadir el de la cuestionada señora Pilar Freitas.

El espectáculo de vergüenza que han dado a todo el país los congresistas que se prestaron a esta maniobra, tendrán que cargar con el peso de las consecuencias que su nefasta decisión le traiga al país en el futuro. Hay que tomar sus nombres y sus rostros para ponerlos en la lista negra de la historia del Perú.