En su historia de los Estados Unidos, Paul Johnson analiza el fenómeno del incremento exagerado de leyes y abogados a partir de los años 60, resultado de la ola por los derechos civiles. Afirma que el aumento de litigios, producto de la avalancha de leyes y regulaciones, tuvo un efecto parasitario en la economía que contribuyó a la crisis de la década de 1970. Citando un estudio de 1989 señala que el exceso de abogados giraba en torno al 40%, y asegura que cada nuevo abogado que se sumaba a la profesión, tenía un efecto negativo en el PBI del orden de 2,5 millones de dólares. 

Ignoro si hay estos estudios en el Perú, pero es obvio que algo similar tiene que estar ocurriendo en medio de esta marea de leyes. Nos hundimos, lentamente, bajo el peso del Estado que crece en entidades y regulaciones. También hay exceso de abogados. Un cálculo señala más de cien mil y unos 80 mil estudiantes de derecho. En el 2009 el propio Colegio de Abogados de Lima presentó un proyecto de ley para suspender la creación de nuevas facultades de derecho. El Congreso le añadió suspender los exámenes de admisión a esa carrera. Pero la medida no prosperó y, al igual que en otros países, tenemos una sobre oferta de abogados. Son los que más abundan en las oficinas públicas, y hasta tienen feudos privativos como la Defensoría del Pueblo, cuya utilidad pocos adivinan.

Vivimos con una obsesión por hacer leyes para todo. El fetichismo por la ley solo es comparable con el desprecio por la ley y la autoridad que caracteriza al peruano de a pie. Los políticos no tienen límites en su imaginación y cualquier idea disparatada termina legislada. El Congreso mide su eficiencia por la cantidad de leyes. Cada congresista sueña con su ley propia, y lucen en su perfil los proyectos de su autoría. Los medios critican a los congresistas “sin producción”, comparando la cantidad de proyectos que tienen. Ya resulta difícil encontrar algo que no tenga una ley: una profesión, un gremio, una planta, una enfermedad, un arte. Luego, inician la reforma de las leyes existentes. El reformismo jamás pasa de moda. El Perú es un país en permanente reforma. Siempre se puede inventar un nuevo delito o incrementar las penas. Antero Flores Araoz se luce en su panel con cara de malo, junto a un texto que dice “cadena perpetua sin beneficios”. Ignoro qué beneficios podría tener la cadena perpetua, pero el efecto es sensacional. Solo le faltó salir con una máscara de jockey y una motosierra en las manos.

Hace rato que me preocupa la racionalidad cultural de nuestro país. ¿Cuánta gente cree realmente que una ley puede “erradicar la violencia contra la mujer” o “proteger a los seres sensibles y vertebrados”? Estas leyes me provocan risa. Solo son demagogia y publicidad. No pasan de ser compendios aburridos de penas y amenazas que nadie se toma en serio o una bulliciosa repetición de normas ya existentes. Pero el problema principal no es el efecto en casos prácticos, sino que todas esas inútiles leyes, amenazantes y declarativas, nos cuestan dinero, tienen un impacto en el presupuesto y, como dice Johnson, generan un efecto parasitario en la economía. Hay un ejército de burócratas encargados de reglamentarlas, y poco a poco la telaraña legal cubre nuestras vidas sin que nos demos cuenta. Un día tocarán a nuestra puerta para notificarnos el inicio de un proceso en contra nuestra, y acabaremos como K, el atribulado personaje de Kafka, viviendo entre oficinas y burócratas que se han adueñado de nuestra vida y nuestro destino.

Fuente: El Montonero